El presidente Javier Milei nombró por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia en una designación “en comisión” que regirá hasta el cierre del próximo período legislativo.
La decisión se tomó luego de que fracasaran las gestiones para que el Senado aprobara sus pliegos. No obstante, la Cámara Alta aún tiene la potestad de rechazar las designaciones cuando retome la actividad.
Desde el Gobierno explicaron que esta medida busca garantizar el funcionamiento del máximo tribunal ya que actualmente opera con solo tres ministros, lo que –según argumentaron– dificulta su tarea.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo justificó la designación asegurando que la Constitución Nacional otorga al Presidente la facultad de nominar jueces para la Corte, mientras que el Senado debe decidir si aprueba o rechaza los nombramientos en función de su idoneidad.
A su vez, el Gobierno remarcó que la politización del Poder Judicial es un problema estructural en Argentina y recordó que en gestiones anteriores, tanto Néstor Kirchner como Mauricio Macri lograron designar jueces en la Corte con el respaldo de una amplia mayoría política.
Frente a la falta de definición del Senado el Ejecutivo sostuvo que la Constitución habilita al Presidente a realizar nombramientos en comisión para cubrir vacantes durante el receso legislativo, con el compromiso de que el Congreso retome el debate cuando inicie el nuevo período de sesiones.
Por último, desde la Casa Rosada reafirmaron que el Gobierno continuará impulsando el trámite legislativo para que el Senado defina si aprueba o rechaza los pliegos de Lijo y García-Mansilla, mientras tanto, ambos jueces ya quedan habilitados para integrar la Corte Suprema.