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EL GOBIERNO OFICIALIZÓ EL ACUERDO CON EL FMI, PERO SIN REVELAR LOS DETALLES CLAVES

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El Gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que aprueba el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el texto no especifica el monto solicitado, los plazos de pago ni las tasas de interés del crédito.

Según la administración nacional, este acuerdo tiene como principal objetivo fortalecer al Banco Central de la República Argentina (BCRA) mediante la cancelación de la deuda que mantiene el Tesoro Nacional. A su vez, se establece que la operación contará con un período de gracia de cuatro años y medio, sin pagos inmediatos y con un plazo de amortización de diez años. También se prevé la renovación de vencimientos por 13.000 millones de dólares hasta 2029.

El Gobierno decidió evitar el tratamiento en el Congreso con los requisitos que establece la denominada “Ley Guzmán”, aprobada durante la gestión de Alberto Fernández, que exige el aval parlamentario para operaciones de crédito con organismos internacionales. En cambio, optó por un “camino alternativo”, buscando un respaldo más acotado dentro del Poder Legislativo.

El decreto remarca que el uso de DNU para cuestiones de deuda pública es una “práctica institucional consolidada”. No obstante, persisten las críticas de sectores que consideran que la falta de transparencia en los detalles del acuerdo podría generar incertidumbre en el futuro.

Desde el oficialismo argumentan que el financiamiento permitirá cancelar letras intransferibles en dólares en poder del BCRA y cubrir vencimientos del acuerdo de 2022 con el FMI. No obstante, opositores y analistas advierten que esta estrategia le permitiría al Gobierno sostener el esquema económico actual hasta las elecciones legislativas de octubre.

Mientras tanto, el debate sobre la constitucionalidad del DNU sigue abierto. Aunque el Senado ya rechazó el polémico DNU 70/2023, su tratamiento en Diputados aún está pendiente. Para anular un decreto presidencial, ambas cámaras deben rechazarlo con dos tercios de los votos presentes, lo que mantiene en vilo el futuro del acuerdo.

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