El Gobierno nacional derogó la normativa que imponía a la administración pública contratar exclusivamente los servicios de Aerolíneas Argentinas para realizar vuelos oficiales. La medida quedó oficializada a través de la Decisión Administrativa 1017/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial.
La resolución pone fin a una política implementada en 2012, que priorizaba a la aerolínea de bandera para el transporte aéreo de organismos públicos. Este cambio se enmarca en un plan de desregulación económica basado en el mega DNU 70/2023 que declaró la emergencia en materia económica y administrativa.
El Decreto 747/2024, que revoca el Decreto 1191/2012, argumenta que la obligatoriedad de contratar servicios estatales como los de Aerolíneas Argentinas generaba una situación de privilegio incompatible con el objetivo de fomentar un mercado más competitivo. Además, la derogación de la Decisión Administrativa 244/2013, que regulaba la intermediación de OPTAR S.A., cierra el esquema que favorecía a la aerolínea estatal.
La administración pública ahora tendrá la libertad de contratar servicios aéreos con cualquier aerolínea que ofrezca las mejores condiciones en términos de costos, rutas y disponibilidad. Este cambio busca abrir el mercado a la competencia y permitir que las entidades gubernamentales optimicen sus recursos en función de sus necesidades específicas.
Esta decisión marca un giro importante en las políticas de contratación y plantea nuevos escenarios para el transporte oficial en el país.